jueves 13 de septiembre - 2018

CÓRDOBA IMPUNE: LAVADO DE DINERO DE LA SURRBAC


lavoz.- La fiscal García Ramírez, que investigaba el delito de usura, pidió al juez de control que la causa pase a la Justicia Federal. Sospecha que se trata de lavado de activos e intermediación financiera.

La fiscal que investiga posibles delitos cometidos por la Asociación Mutual del Surrbac (AmSurrbac), y que ya imputó a sus líderes, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, pidió que la causa pase a la Justicia Federal, ya que encontró indicios de que podrían estar en presencia de los delitos federales de lavado de activos e intermediación financiera.

La fiscalía provincial a cargo de Patricia García Ramírez pidió al Juzgado de Control 3 que la causa sea girada a la Justicia Federal, ante la evidencia de que los hechos –hasta ahora los cargos eran por administración fraudulenta y usura calificada– podrían encuadrarse en las figuras penales de intermediación financiera y lavado de activos. Se trata de dos delitos de competencia federal. La decisión ahora debe adoptarla el juez de control.

Saillén y Catrambone ya están imputados por usura y administración fraudulenta. Además, en mayo pasado la fiscal García Ramírez intervino la mutual del sindicato por 90 días. Esa causa surgió de una denuncia por usura en la que se investiga el papel jugado por las dos principales autoridades del sindicato, y de otros integrantes de la comisión directiva.

En términos legales, ayer la fiscal elevó al Juzgado de Control un pedido de "declinatoria de jurisdicción por incompetencia material de la justicia ordinaria".
La causa que habría motivado la intervención de la mutual surgió a partir de una denuncia realizada en 2015 ante la fiscalía Anticorrupción que estaba a cargo de Hugo Amayusco. La investigación tomó ritmo a partir de que llegó a manos de la fiscal Ramírez, en marzo pasado.

La denuncia acusa a Saillén y Catrambone de dar préstamos a los afiliados, usando fondos de la mutual y lucrando con los intereses que les cobraban a la hora de la devolución del dinero.

Los préstamos se llamaban "ayuda económica mutual", y para devolverlos, a los mismos afiliados les habrían cobrado intereses usurarios.

La actividad habría estado aprobada en su momento, desde la Nación, cuando gobernaba la presidenta Cristina Fernández, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), pero luego el ente le habría comunicado a la mutual que debía desistir de continuar con la modalidad.