jueves 13 de septiembre - 2018

El Gobierno ofrece fondos a la nueva Corte Suprema para neutralizar 380.000 juicios laborales


De la guerra de trincheras a la lucha de posiciones. Ese es la estrategia que aceleró el Gobierno luego del cambio de autoridades en la Corte, en su afán de alinear al Poder Judicial detrás de su objetivo de reducir la litigiosidad laboral. En lugar del enfrentamiento abierto que encabezó Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, ahora las autoridades avanzan en conversaciones con la gestión entrante que asumirá Carlos Rosenkrantz para neutralizar el impacto de una avalancha de casi 380.000 juicios pendientes que preocupan a las ART. El otro tema clave es reforzar la nueva Ley de Riesgos de Trabajo ante la resistencia de los jueces que la declaran inconstitucional y de algunas provincias que aún evitan reglamentarla.

Pese a que 14 provincias ya adhirieron a la normativa y se redujo el volumen de nuevos juicios desde su aprobación en febrero del 2017, el Gobierno reconoce que todavía hay una importante cantidad de casos sin resolver ya sea porque son previos a los últimos cambios o bien porque los trabajadores deciden finalmente apelar ante la Justicia tras su paso insatisfactorio por las comisiones médicas. En esos casos, cada perito -aseguran los funcionarios- utiliza un baremo o listado propio para definir el porcentaje de daño del siniestro o la enfermedad laboral, lo que a su vez incide en el monto dinerario del resarcimiento, y cuestionan que los honorarios de los especialistas estén atados al grado de incapacidad. La idea es que la Corte proponga “criterios unificados” a los fueros laborales nacional y provinciales.

Por ello, una de las principales iniciativas oficiales es la creación de un cuerpo de peritos médicos especializados en accidentología laboral dentro del ámbito judicial, pero con financiamiento del Poder Ejecutivo. “Se empezó a hablar con los poderes judiciales para que ellos elijan peritos y el Poder Ejecutivo los va ayudar a financiarlo para que no sea un problema presupuestario. El desafío es que tengan su propio cuerpo de peritos porque cada jurisdicción utiliza su baremo independiente”, confirmó este miércoles el gerente general de la Superentencia de Riesgos de Trabajo (SRT), Guillermo Arancibia, al encabezar en la sede de dicho organismo el lanzamiento de una encuesta nacional a trabajadores sobre condiciones de empleo, trabajo, salud y seguridad, junto a José de Anchorena, director de estadísticas del Ministerio de Trabajo.

El otro punto que esperan esté al tope de la agenda cortesana es la resolución de los fallos que cuestionan a la Ley de ART y que ya empezaron a llegar al máximo Tribunal. En el grueso de los casos los jueces impugnan la competencia de las comisiones médicas, organismos formado por médicos y financiados por las ART por el que los trabajadores ahora deben pasar obligadamente antes de reclamar ante los magistrados. Se trata de un mecanismo que la propia Corte ya había declarado inconstitucional en su momento por considerar que impide el acceso a la Justicia y a una reparación integral del daño, entre otros aspectos.

Por otra parte, en el último tiempo surgieron fallos adversos de primera instancia en las provincias que acaban de adherir a la norma. Una de las cuestiones en litigio es el baremo. Como las ART apelan, el reclamo pasa a segunda instancia hasta llegar en algún momento a la Corte. En Córdoba, el convenio de adecuación firmado con Nación suscitó quejas de los abogados que denuncian una modificación de la propia ley. Ahora, con la elección de Rosenkratz al frente de la Corte y el desplazamiento de Lorenzetti, el Gobierno se esperanza con “un mensaje” hacia los jueces que zanje la grieta abierta por las presentaciones colectivas e individuales.

Gracias a las comisiones, la litigiosidad disminuirá a 90.000 juicios desde los 120.000 registrados el año pasado, lo que representa una caída del 25% en todo el 2018 según estimaciones de la SRT. Pero en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde las opiniones siguen didividas respecto a la constitucionalidad de la ley, aseguran que el menor ingreso de causas se debe en realidad a que las propias comisiones estarían demorando el proceso para apelar ante la Justicia, mientras que aquellos que aceptan los dictamentes de los médicos lo hacen en situaciones de desesperación. “No es que bajaron los ingresos, sino que el sistema administrativo está muy trabado y hay pérdida de derechos, hay que ver cuantos son los casos que se resuelven”, advirtieron desde ese tribunal.