jueves 13 de febrero - 2020

RUGBIERS: LA ESTRATEGIA ES EMBARRAR LA CAUSA PERO SON ASESINOS


Este jueves en el Juzgado Nº 6 de Garantías de Villa Gesell comenzó cerca de las 9 de la mañana una audiencia ante el juez de garantías David Mancinelli solicitada tanto por la defensa de los jóvenes acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa, encabezada por Hugo Tomei, como por Fabián Améndola, abogado de la familia de la víctima.

El objetivo de la audiencia, de la que también participaron la fiscal Verónica Zamboni y los ocho imputados detenidos en Dolores, era que las partes expusieran sus argumentos ante el juez antes de que el magistrado resuelva el pedido de prisión preventiva que presentó la fiscalía este lunes en un escrito de 250 páginas con un detalle pormenorizado de las pruebas que integran la causa hasta ahora.

La fiscal Zamboni ratificó esa presentación a partir de todas las pruebas reunidas hasta el momento -entre las que están las pericias telefónicas, el material fílmico recolectado, las declaraciones de más de 20 testigos y los resultados de la rueda de reconocimiento- y sostuvo la calificación legal: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.


Fabián Améndola, en representación de los padres de Fernando, coincidió en el pedido de prisión preventiva y expuso cuál es a su criterio la calificación penal que corresponde, con la incorporación de los agravantes por “alevosía” y “homicidio por placer”, algo que para otras fuentes en la causa podría ser difícil de sostener. El abogado acompañó además la presentación oral con un escrito en el que solicitó que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino -aún vinculados a la causa pero en libertad desde esta semana por pedido de la fiscal Zamboni, que consideró que no hay evidencia suficiente para ubicarlos en el momento de la agresión- vuelvan a estar detenidos.

A su turno, sin embargo, la defensa de los acusados a cargo del abogado Tomei, también hizo una serie de planteos al juez Mancinelli.

En primer lugar, el abogado Tomei postuló que los rugbiers sean beneficiados con arresto domiciliario principalmente debido a que “corre riesgo su seguridad y su integridad física”. Desde la defensa de los imputados explicaron a Infobae que ese planteo está basado en parte a “la agresividad y la violencia” con la que se expresó Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez, en los medios de comunicación.

“Los trató de hijos de puta, de cobardes. ¿Qué mensaje reciben los internos que están en las unidades penitenciarias cuando escuchan decir eso a un abogado instalado simbólicamente como abogado prestigioso? Los ponés en riesgo”, indicó con preocupación una fuente cercana a la defensa de los jóvenes de Zárate. “¿Qué pasó después? Empezaron a aparecer videos de internos, manifestaciones dentro de las unidades penitenciarias que contribuyen a su estigmatización. La gente quiere que los violen, que los maten”. Ante los detenidos, el juez Mancinelli aseguró que no tolerará ningún hecho de violencia tanto de internos como de penitenciarios y pidió que cualquier situación sea denunciada.

Para Améndola, lo que hizo Tomei fue “hacer responsable a la prensa” de una “presión mediática” que los acusados no toleraban. Sus abogados sostienen en cambio que no hay un ensañamiento especial contra la prensa e indicaron que incluso presentaron un escrito ante el juzgado de garantías para solicitar la presencia de medios de comunicación en la audiencia.

Finalmente eso no ocurrió, según indicaron fuentes judiciales, por falta de espacio. Fuentes cercanas a la investigación también sostienen que en realidad la defensa de los rugbiers no quería a la prensa y que pidieron expresamente por sus defendidos. Los padres de los acusados, por otra parte, que también estuvieron en el lugar, tampoco pudieron ingresar dada la falta de espacio y la necesidad de requisar a cada uno de ellos. Sin embargo, fueron recibidos por personal del Juzgado Nº6.

Los abogados aseguran también que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación -los peligros procesales que sostienen un pedido de prisión preventiva- no corresponden en este proceso. Ni siquiera, sostienen, la acusación del ya sobreseído Pablo Ventura podría usarse en la causa para argumentarlo, porque en el expediente en ningún momento se especifica de qué manera terminó involucrado. De hecho, es una de las incógnitas. “En ese caso, lo único que se podría entorpecer es una investigación ya torpe”, sostienen.